Entrevista Mariela Espino y Alejandro Grasso - Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas

En Perspectiva

El sobreendeudamiento de miles de uruguayos ha estado en la agenda política durante los últimos años. En el Parlamento se presentaron varios proyectos de ley que buscan atacar este problema, ninguno de los cuales llegó a aprobarse. También se conocieron investigaciones académicas que propusieron otras alternativas. Ante el bloqueo en el Poder Legislativo, Cabildo Abierto, que fue el partido que puso el tema arriba de la mesa, optó por intentar una reforma constitucional en la que, entre otras cosas, se limita las tasas de interés de los créditos personales. Esa iniciativa ya recogió la cantidad de firmas necesarias para ser sometida a plebiscito. Con ese telón de fondo, varias instituciones financieras anunciaron ayer un “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”. A través de esta iniciativa se busca facilitar la regularización de la situación crediticia de las personas que figuraban como deudores incobrables ante el Banco Central del Uruguay en mayo de 2022. En el caso de deudores con un saldo de capital menor a $ 5.000, las instituciones que forman parte del acuerdo renuncian al derecho de ejercer el cobro de estas deudas, sin que sea necesaria la realización de ningún trámite por el deudor. Por otro lado, las deudas de capital por hasta $ 100.000 se podrán refinanciar con la institución correspondiente hasta en 36 cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos. Este procedimiento estará disponible por cuatro meses, exclusivamente para personas físicas (no para empresas). El programa tiene el apoyo del Banco Central y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, que colaboraron en la articulación de esta propuesta surgida en la industria financiera. ¿Cómo se llegó a la presentación de este camino? ¿Qué impacto tendrá? Conversamos En Perspectiva con Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, impulsora de este planteo, y Mariela Espino, gerenta general del Banco República, que adhiere al mecanismo.