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Entrevista Mariana Zerpa - Condicionalidad en asignaciones ¿Cómo se podría mejorar esta política?

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A comienzos de este mes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspendió unas 11.500 asignaciones familiares (AFAM) a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos. El control, que se aplica dos veces por año, se debe a las condiciones que rigen para las asignaciones familiares según la ley votada en 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio: inscripción en institutos de enseñanza y alta asistencia a clases, más la realización de controles médicos periódicos a los niños. Debido a la pandemia la medida se dejó en suspenso en los primeros años de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Pero después se retomó y ahora, en la segunda oportunidad, se disparó la polémica, o, mejor dicho, se reinició una polémica que vuelve cada tanto, y que incluso generó diferencias internas en el último período de Tabaré Vázquez. Esta vez, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó públicamente su preocupación por lo que ocurre con los niños a los que se les corta el beneficio y el ministro Martín Lema aclaró que no había “marcha atrás”. El lunes 8 entrevistamos sobre este tema a Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. Hoy les proponemos otro enfoque: desde la academia, donde se advierte que las condicionalidades no tienen el impacto esperado para mejorar la asistencia a la educación de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se podrían modificar estas políticas para lograr mayor efectividad? Conversamos En Perspectiva con la economista Mariana Zerpa, doctora en Economía por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, profesora asistente en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y especializada en políticas sociales.
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A comienzos de este mes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspendió unas 11.500 asignaciones familiares (AFAM) a beneficiarios cuyos hijos no estaban concurriendo a centros educativos. El control, que se aplica dos veces por año, se debe a las condiciones que rigen para las asignaciones familiares según la ley votada en 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio: inscripción en institutos de enseñanza y alta asistencia a clases, más la realización de controles médicos periódicos a los niños. Debido a la pandemia la medida se dejó en suspenso en los primeros años de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Pero después se retomó y ahora, en la segunda oportunidad, se disparó la polémica, o, mejor dicho, se reinició una polémica que vuelve cada tanto, y que incluso generó diferencias internas en el último período de Tabaré Vázquez. Esta vez, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó públicamente su preocupación por lo que ocurre con los niños a los que se les corta el beneficio y el ministro Martín Lema aclaró que no había “marcha atrás”. El lunes 8 entrevistamos sobre este tema a Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. Hoy les proponemos otro enfoque: desde la academia, donde se advierte que las condicionalidades no tienen el impacto esperado para mejorar la asistencia a la educación de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se podrían modificar estas políticas para lograr mayor efectividad? Conversamos En Perspectiva con la economista Mariana Zerpa, doctora en Economía por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, profesora asistente en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y especializada en políticas sociales.
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