Mina de cobre en Panamá: los ambientalistas denuncian un contrato 'leonino' para el Estado

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En Panamá, la firma de un contrato minero entre el estado y una filial de una empresa canadiense para ampliar una mina a cielo abierto desató protestas inéditas. Varios sectores se han movilizados en las últimas semanas para exigir la cancelación de este mega contrato que permitiría ampliar la explotación del cobre en un corredor biológico de alto valor, según las organizaciones ambientalistas.

Al unísono durante las últimas semanas, sindicatos, organizaciones indígenas y ambientalistas panameños exigen la anulación de la ley 406, promulgada el 20 de octubre por el presidente panameño Laurentino Cortizo.

El texto legislativo contiene un contrato minero que otorga a Minería Panamá, filial de la canadiense First Quantum una concesión de 20 años prorrogables para extraer cobre en medio de un bosque tropical protegido.

Para defender el contrato, el gobierno indica que supondrá aportes mínimos de 375 millones de dólares al año para las arcas del Estado, esdiez veces más que lo que planteaba el contrato inicial firmado en 1997. La mina por su parte reporta inversiones equivalentes al 4% del PIB nacional, la exportación anual de 300.000 toneladas de cobre y dice generar 40.000 empleos. Sin embargo, el contrato minero fue declarado inconstitucional en 2017 por incumplir con las normas de licitación. Y el nuevo contrato tampoco satisface a varios sectores de la sociedad civil.

Desde el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), ONG ambientalista que introdujo en 2009 la demanda de inconstitucionalidad que llevó a la anulación del contrato en 2017, Lilian Guevara denuncia un contrato “leonino” que se firmó originalmente sin licitación pública.

“El contrato es leonino porque pone en posición de desventaja al Estado con respecto a la concesionaria. Le da la facultad de producir energía y de vendérnosla, igualmente para la generación y venta de agua”, detalla Guevara, entrevistada por RFI.

De ser validado por la Corte Suprema de Justicia, el nuevo contrato con la minera, filial de la canadiense First Quantum permitiría a la empresa “crear toda una serie de actividades dentro de esta concesión que nada tienen que ver con la explotación con la actividad minero. Y el código minero les permite expropiar tierras de particulares”, agrega Lilian Guevara.

Los impactos nefastos de la mina de cobre son, efectivamente, una fuente de preocupación para varias organizaciones medioambientales. Una investigación del portal Bloomberg línea en marzo de 2023 reveló que la justicia panameña mantenía 6 investigaciones abiertas contra la empresa Cobre Panamá por posibles daños ecológicos. Y es que el territorio de la mina está ubicado en medio de la selva tropical centroamericana, en un corredor biológico mesoamericano cuya preservación es vital. “Lo que le toca de ese usufructo al estado panameño no puede compensar los daños causados ya que esta mina supone una gran deforestación y destrucción de fuentes hídricas”, alerta la activista Lilian Guevara.

A pesar de la magnitud inédita de las protestas sociales, el gobierno de Panamá mantiene la concesión minera. Sería irresponsable acabar con una inversión de más de 9000 millones de dólares advirtió el ministro de medioambiente. Para calmar la calle, el presidente Laurentino Cortizo propuso finalmente dos medidas: una moratoria sobre los nuevos proyectos de extracción minera metalíca y una consulta popular sobre la ley 406.

Por su parte, la empresa canadiense First Quantum insiste en su compromiso con la protección del medioambiente. “Seguimos comprometidos a reforestar casi el doble del área que explotamos”, indica la compañía. Pero las promesas de la mina y la propuesta de referéndum por parte del ejecutivo no convencen a los sectores movilizados que exigen una anulación del nuevo contrato.

'Aguas blancuzcas' y 'peces muertos'

El activista político Gilberto Cholo García, reside en el distrito de Donoso donde está ubicada la mina. Y estima que, en 26 años de actividades, la minera no ha cumplido sus promesas de desarrollo social para las 25 comunidades vecinas. “De estas 25 comunidades, ellas no han recibido ningún tipo de beneficio social: no cuentan con carreteras (…) que les permitan sacar sus productos de siembra, no cuentas con escuelas apropiadas, tienen escuelas ‘ranchos’, no cuentan con sistema de letrinas, de agua potable ni energía eléctrica. Todo esto fueron promesas de la minera en la década de los 90 y nada de esto se ha cumplido”, afirma Gilberto García.

García denuncia además afectaciones al medio ambiente, derivadas de la actividad minera río arriba. “En los ríos, en la quebrada y los afluentes, algunos ya están contaminados. Los niños ya no tienen la confianza para bañarse. Por ejemplo, en el río Pifá, el río Uvero y Caimito, hemos observado un color blancuzco que no es normal y mucha espuma blanca que llega de la parte donde está la mina, así como muchos peces muertos”.

La ley 406 de concesión minera pende de un hilo de momento ya que la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre dos recursos de inconstitucionalidad. Y luego, podría ser objeto de un referéndum el 17 de diciembre.

Entrevistas:

-Lilian Guevara, directora ejecutiva de la ONG Centro de Incidencia Ambiental.

-Raisa Banfield, directora en la fundación Panamá Sostenible (entrevistada por Lucile Gimberg).

-Gilberto 'Cholo' García, activista político del movimiento Vanguardia Torrijista en el distrito de Donoso en la provincia de Colón.