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Corte Constitucional de Ecuador condena a firma japonesa por esclavitud moderna

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RFI entrevistó a Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros ecuatorianos, a quienes la empresa Furukawa, de capital japonés, mantuvo en condiciones de esclavitud conocidas como 'servidumbre de la gleba'. Esta sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador constituye, según él, un 'avance único en materia de derechos no solo para Ecuador sino también para la región'

La Corte Constitucional de Ecuador declaró que la empresa Furukawa mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y ordenó el pago de 120.000 dólares a cada víctima de la práctica conocida como servidumbre de la gleba. La empresa de capital japonés llegó a Ecuador en 1963 para cultivar, producir y procesar abacá, una fibra muy resistente utilizada en la industria textil.

Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros víctimas de esta empresa, explica cómo se obtuvo este dictamen histórico:

"Se ganó mediante una sentencia en primera instancia. Ahí se establecieron unas medidas de reparación integral. La decisión fue apelada por la empresa y el caso llegó a la Corte Provincial de Santo Domingo, donde tiene su domicilio esa empresa. Ahí modificaron la sentencia a favor de Furukawa. También excluyeron de responsabilidad a las instituciones del Estado. Es así que la Corte Constitucional, como máximo órgano, seleccionó esta sentencia para desarrollar jurisprudencia vinculante. Esto significa dictar reglas jurisprudenciales que puedan servir como aplicación obligatoria en casos análogos futuros y también dar una resolución definitiva al caso de las abacaleras y los abacaleros de la empresa", sostiene Morales.

120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas

Los magistrados de la Corte Constitucional dispusieron que Furukawa pague una indemnización de aproximadamente 120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas. Sin embargo, el fallo también abarca otros aspectos de reparación que van más allá de lo económico, explica también el abogado de las víctimas. Por eso, esta sentencia, según Morales, es "tan especial y única, no solo en Ecuador sino en la región".

"La Corte Constitucional no solo ha declarado, sino que ha puesto en evidencia que, en el Ecuador, en el contexto de la agroindustria, existen prácticas análogas a la esclavitud. Este reconocimiento es un avance único en materia de derechos, ya que la Corte Constitucional, al evidenciar la existencia de estas formas análogas a la esclavitud, específicamente a la servidumbre de la gleba, también señala las razones de por qué esto se produce, cuáles son aquellas circunstancias que pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad [de los trabajadores], tornándolos cada día más vulnerables para [de esta manera] poder aprovecharse de su trabajo. Es determinante que la mayor parte de los trabajadores son afrodescendientes. Entonces, lo que dice la Corte es que el motivo para que existan estas formas análogas a la esclavitud prácticamente es que existe un racismo estructural en el Ecuador", anota.

El abogado Alejandro Morales concluye explicando que esta sentencia "también declara responsable al Estado ecuatoriano debido a que no adoptó medidas de prevención y protección adecuadas, por lo que ahora deberá pedir disculpas públicas y, a su vez, crear nuevas políticas públicas que protejan mejor a los trabajadores".

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La Corte Constitucional de Ecuador declaró que la empresa Furukawa mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y ordenó el pago de 120.000 dólares a cada víctima de la práctica conocida como servidumbre de la gleba. La empresa de capital japonés llegó a Ecuador en 1963 para cultivar, producir y procesar abacá, una fibra muy resistente utilizada en la industria textil.

Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros víctimas de esta empresa, explica cómo se obtuvo este dictamen histórico:

"Se ganó mediante una sentencia en primera instancia. Ahí se establecieron unas medidas de reparación integral. La decisión fue apelada por la empresa y el caso llegó a la Corte Provincial de Santo Domingo, donde tiene su domicilio esa empresa. Ahí modificaron la sentencia a favor de Furukawa. También excluyeron de responsabilidad a las instituciones del Estado. Es así que la Corte Constitucional, como máximo órgano, seleccionó esta sentencia para desarrollar jurisprudencia vinculante. Esto significa dictar reglas jurisprudenciales que puedan servir como aplicación obligatoria en casos análogos futuros y también dar una resolución definitiva al caso de las abacaleras y los abacaleros de la empresa", sostiene Morales.

120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas

Los magistrados de la Corte Constitucional dispusieron que Furukawa pague una indemnización de aproximadamente 120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas. Sin embargo, el fallo también abarca otros aspectos de reparación que van más allá de lo económico, explica también el abogado de las víctimas. Por eso, esta sentencia, según Morales, es "tan especial y única, no solo en Ecuador sino en la región".

"La Corte Constitucional no solo ha declarado, sino que ha puesto en evidencia que, en el Ecuador, en el contexto de la agroindustria, existen prácticas análogas a la esclavitud. Este reconocimiento es un avance único en materia de derechos, ya que la Corte Constitucional, al evidenciar la existencia de estas formas análogas a la esclavitud, específicamente a la servidumbre de la gleba, también señala las razones de por qué esto se produce, cuáles son aquellas circunstancias que pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad [de los trabajadores], tornándolos cada día más vulnerables para [de esta manera] poder aprovecharse de su trabajo. Es determinante que la mayor parte de los trabajadores son afrodescendientes. Entonces, lo que dice la Corte es que el motivo para que existan estas formas análogas a la esclavitud prácticamente es que existe un racismo estructural en el Ecuador", anota.

El abogado Alejandro Morales concluye explicando que esta sentencia "también declara responsable al Estado ecuatoriano debido a que no adoptó medidas de prevención y protección adecuadas, por lo que ahora deberá pedir disculpas públicas y, a su vez, crear nuevas políticas públicas que protejan mejor a los trabajadores".

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