Colombia: Las tierras del norte del Cauca, laboratorio de la Reforma Agraria 2/3

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Episodio 2: En el aire no se cultiva. Indígenas, afros, campesinos y cañeros están enfrentados por las tierras planas del departamento colombiano del Cauca donde convergen grandes haciendas, minifundios, territorios de comunidades negras y resguardos. La región es "la" prueba de fuego para la Reforma Agraria, uno de los pilares de la Paz Total que enarbola el primer gobierno de izquierda del país. No sin dificultades.

Por Angélica Pérez, desde la región norte del Cauca

Unas 56.000 hectáreas de las tierras más productivas del norte del Cauca están sembradas con caña de azúcar, desde grandes propiedades de más de 800.000 hectáreas hasta algunas de apenas 5000 hectáreas pertenecientes a pequeños propietarios negros, indígenas o campesinos que se asocian para venderle la caña a los grandes ingenios.

Los predios propiedad del ingenio azucarero Incauca, en el norteño municipio de Corinto, norte del departamento, han sido objeto de intentonas de toma por grupos que se asumen como indígenas. No obstante, las organizaciones indígenas no asumen como suyas estas acciones que, para cañeros y quienes viven de esta agroindustria, son llanamente invasiones.

Estas acciones indígenas han generado enfrentamientos con las comunidades afrocolombianas que constituyen, mayoritariamente, la mano de obra de los ingenios azucareros. Y a la batalla se suma el grueso de los trabajadores cañeros.

“Ellos llegaron a agredir a los compañeros. Nosotros no somos actores de violencia, pero tampoco nos vamos a dejar agredir. Tratamos de defendernos con lo poco que tenemos… palos, caucheras. Ellos argumentan que es la recuperación de la Madre Tierra y nosotros, como trabajadores, nos hicimos notar y llamar la atención del Gobierno y se logró establecer una Mesa de Diálogos,” afirma Juan Carlos Agudelo, cabo de labores en los campos sembrados de caña de Incauca.

El líder de los cañeros aclara que a la Mesa de Diálogos no van en representación de una organización social: “Somos trabajadores representando trabajadores,” afirma Agudelo. Y pese a que en el sector de la agroindustria de la caña hay un porcentaje alto de trabajadores afros –étnia de la que él mismo forma parte- tampoco asisten con reivindicaciones étnicas. “En la mesa ya hay una organización que es ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) que representa la etnia. Entonces yo voy a pedir garantías para nuestros derechos como trabajadores”.

Unos 50.000 trabajadores laboran en los cultivos de caña del norte del Cauca y 186.000, entre directos y contratistas, en la industria de los productos derivados de la caña. La empresa en Cauca emplea a 6000 de estos asalariados. “Muchas personas argumentan -dice Agudelo- que nosotros somos manipulados por los dueños de las tierras, por los empresarios. Pero lo que es claro es que a nosotros no nos interesa quién sea el dueño de la tierra. Si los indígenas, los afros o el gobierno nacional nos garantiza las condiciones laborales, bienvenido sea. Nosotros no estamos peleando por tierras. No es nuestra pretensión pero ¿dónde se trabaja la caña, el maíz, la yuca o el plátano? En el aire no se cultiva”.

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Liberación de la Madre Tierra

Desde hace algo más de dos lustros, los indígenas empezaron a bajar de las montañas para luchar por recuperar estas tierras planas del Cauca, donde habían vivido antes. Hoy reivindican solo 27 predios como parte de su llamado proceso de “Liberación de la Madre Tierra”.

Entre los predios reivindicados se encuentra la Hacienda Vista Hermosa, propiedad del Ingenio Agrícola S.A., en el norteño municipio de Caloto. Más de 90 familias indígenas de la comunidad NASA viven en esta hacienda “liberada”. El comunero indígena, Cruz, es uno de sus habitantes. Llegó hace 14 años liderando el proceso de recuperación de tierras: “El primer objetivo fue acabar con el monocultivo establecido aquí, que era la caña de los ingenios del norte del Cauca. Nosotros veníamos con machete -recuerda- y era difícil acabarla. Cuando bajábamos al otro extremo de la finca, la caña ya había empezado a crecer en el otro extremo. Algunas familias empezaron a traer un animalito, dos, tres, y así empezamos a descubrir que la ganadería era una metodología interesante para acabar con la caña”.

Una vez que se da la ocupación, los indígenas dejan descansar la tierra y no implementan cultivos durante un lustro. Pasado ese período, la comunidad comienza la siembra que está sujeta a las vicisitudes del proceso mismo de la ocupación: “El riesgo que se corre viene de los hacendados, los terratenientes y en este caso del ingenio. Cultivo que se establecía, cultivo que entraban a dañarlo durante los desalojos. Dentro de esta finca hubo un muerto por parte de la Fuerza Pública. Durante los desalojos venían por el personal que estaba dentro de la finca y, cuando no había desalojos, venían a acabar con los cultivos. El ingenio mandaba la avioneta con el veneno, con el fusil y acababa el cultivo, no nos dejaba cosechar”.

Actualmente, las 151 hectáreas de la Hacienda Vista Hermosa están sembradas con cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano y habichuela. También hay tierras destinadas a la ganadería. Cada familia cuenta con poco más de dos hectáreas y otras 30 hectáreas se dedican a la reforestación.

Conscientes de que el consenso y el respeto al pensamiento y cultura de cada uno son la ruta para cohabitar en paz, las asociaciones indígenas, de afros y de campesinos crearon en 2002 el Consejo Inter Étnico e Intercultural del Norte del Cauca. El actual gobierno de Gustavo Petro integró ese Consejo a las Mesas de Diálogo en las que también participan industriales, propietarios de haciendas y fincas y trabajadores de la caña. En ellas participa William Camayo a nombre de los indígenas.

“La lucha por la tierra del movimiento indígena es histórica. Está plasmada en la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, desde su creación en 1971. No se ja hecho por un arrebato. Nos dicen que es ilegítima, ilegal, pero nosotros la argumentamos desde nuestra cosmovisión. Y desde la deuda histórica que han tenido con nosotros los diferentes gobiernos”.

Camayo afirma que las organizaciones indígenas son concientes del impacto para el gremio industrial cañero que conlleva el proceso de liberación de la Madre Tierra. También saben que es un gremio que hace un aporte importante a los ingresos del país. Pero "¿cuál es el desarrollo que la agroindustria genera hacia las comunidades?" ha preguntado el líder nasa en las Mesas de Diálogo. “Esa pregunta no se ha respondido, explica Camayo. Nosotros somos cuidadores de la montaña, del páramo y somos los que le estamos generando agua para que la agroindustria haga su desarrollo. Entonces debe haber una coacción entre los dos, que se retribuya. Y no que las comunidades sean cada día más pobres, sino que avancen en un desarrollo escalonado sin dejar de producir la tierra”.

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Camayo da como ejemplo los corregimientos del norte del Cauca rodeados por la caña, sin ningún otro cultivo y sin agua potable. “Esos ingenios no se han preocupado porque la gente que convive ahí con ellos. Los emplean en la agroindustria pero no se han preocupado por su salud. Entonces, ¿el desarrollo para quién y para qué? En una apuesta para la construcción de la ‘Paz Total’ todos tendríamos que ceder algo, máxime cuando la paz es fundamental para nuestra población”.

Pacto de no agresión

Durante los llamados diálogos vinculantes llevados a cabo en el municipio de Santander de Quilichao en noviembre de 2022, comunidades indígenas y afrocolombianas firmaron un pacto de no agresión. Presentes en esta suerte de Ekklesia griega que el gobierno de Petro y Francia Márquez impulsaron por todo el país, los empresarios del departamento del Cauca felicitaron el acuerdo.

“Es un mensaje que envía tranquilidad para la región y fortalece la confianza para la llegada de nueva inversión al departamento del Cauca. Esperamos que en este acuerdo de entendimiento, lo primero que se respete sea el derecho a la propiedad privada. Instamos al gobierno a que esos acuerdos se cumplan y evitar así nuevas invasiones a la propiedad privada” declaró Gerardo Arroyo, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.

Que paren las invasiones, sería la condición sine-qua-non para que la reforma agraria sea posible. Lo dijo en voz alta varias veces la ahora ex ministra de Agricultura, Cecilia López. Encargada por el presidente de cambiar el rostro del campo colombiano, ella estima que el norte del Cauca refleja el sistema feudal del agro del país.

Esta es la radiografía de la ex funcionaria: “Por un lado, hay un sector moderno, los canicultores y sus ingenios, un sector que todo lo tuvo y que ha generado empleo. Que ha hecho avances tecnológicos pero que también ha capturado el poder político del país en todas las juntas directivas, con una capacidad de interlocución infinita con el gobierno. Esta gente pertenece a familias tradicionales y lo que se viene acá es una amenaza para ellos porque les toca compartir e incluir a los otros sectores a los que les ha llegado apenas algo de las políticas sociales. ‘Política social de ambulancia’, como le digo al presidente: recoger los muertos del mercado. La política de inclusión productiva no les ha llegado nunca a esos otros sectores. Nunca han tenido poder y por primera vez han elegido a un presidente... porque son ellos los que lo eligieron pero les está costando trabajo entender que ya no son oposición, sino que son gobierno”.

Otro problema se agrega a estos sectores marginados del poder y de las políticas sociales: no están unidos. “Los indígenas pelean con los afros -continúa Lopez- los afros con los indígenas, los indígenas con los campesinos. Y viceversa. Yo fuí muy dura desde el principio y les dije que pararan esta cosa. 'Si ustedes siguen invadiendo nos quitan el oxígeno político para hacer la reforma agraria. Tengan paciencia', les dije. Y empezamos a dar títulos de propiedad como locos. ¿Sabe cuánto se bajaron las invasiones desde que empezó la titulación? Un 30%”.

En 2023 sin embargo, las tomas de predios en el norte del Cauca se han acentuado. Las organizaciones indígenas no las reivindican pero en febrero, el saldo fue de dos muertos y cinco heridos.