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¿Qué pasaría si la SCJN rechaza la Reforma Judicial? El escenario es funesto... para Sheinbaum

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¿Y si resulta que se otorga la suspensión que congele la implementación de la reforma judicial en lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decide si se resuelve la controversia?.

Es un ejercicio de futurología que hice con abogados y jurisperitos.

De entrada, hay que partir de un hecho contundente: con la reforma, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siguiente año se quedan sin trabajo. Tienen garantizado que ya el siguiente año quedan desempleados.

Así que, bajo ese principio y ese precepto, cabría entonces la posibilidad de que tengan las agallas y los arrestos suficientes para entonces declarar la suspensión de la implementación de la reforma judicial ¿que pueden perder si de todos modos ya está perdido todo?

Si esto sucediese, entonces el Instituto Nacional Electoral no podría proceder a organizar las elecciones judiciales para el año entrante.

Si esto sucediera, de acuerdo a como hemos visto las posiciones en las que se han atrincherado los tres poderes, podríamos pensar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pudieran rechazar esta resolución y meterle presión al Instituto Nacional Electoral para que, a pesar del rechazo de la Suprema Corte de Justicia, comenzara con el proceso electoral.

Abiertamente estaríamos metidos en una crisis constitucional, y cabe preguntar el Instituto Nacional Electoral, ¿a cuál poder le va a hacer caso? ¿al Ejecutivo?, ¿al Legislativo? ¿o al Judicial para poder hacer legales o no las elecciones?

En este momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen más poder real que el Poder Judicial, porque cuentan con legitimidad social y controlan a las instituciones coercitivas del Estado.

Puede suceder porque hay deficiencias en la forma en la que fue aprobada y también por cuestiones de fondo, que por cierto, ayer el propio Ricardo Monreal reconoció que trae vicios de fondo y problemas de redacción.

Entonces los ministros que están en este momento en la Suprema Corte de Justicia tendrían que ordenar la permanencia del statu quo, lo que significaría que ordenara que los magistrados y por supuesto, los ministros, se quedasen en sus puestos.

¿Qué sucedería en ese caso?

El Ejecutivo, técnicamente, estaría facultado a enviar a la policía a removerlos de sus cargos.

Así como lo oye. Así como lo oye. Sí, la policía tendría que ir a arrestarlos a los magistrados y a los ministros, sobre todo a los ministros.

Ante un extremo de que el Poder Ejecutivo decidiera mandar a la policía para remover de sus cargos a los ministros, ¿estos qué tendrían que hacer? Los ministros, en un arranque de celo constitucionalista, podrían llegar al extremo de encadenarse a sus escritorios para evitar ser removidos por la policía.

Sólo de pensar en que se llegase a semejante extremo hace que uno tiemble de miedo. Una resistencia de los miembros del Poder Judicial de la Federación, además de ser un enfrentamiento muy radical, por supuesto que conlleva altos costos políticos, sobre todo en el ámbito internacional, contra la administración de Claudia Sheinbaum, que todo el tiempo ha dicho que ella cree en la democracia, pero en la realidad y en los hechos para nada que la está ejerciendo y mucho menos impulsándola.

Insisto, por supuesto que este es un escenario extremo, pero como se lo dije al principio, ¿qué tienen que perder los ministros si ya de todos modos este próximo año se quedan sin empleo si se queda tal como está la reforma al Poder Judicial? Tienen todos, todos los incentivos para para sacrificarse en una auténtica hoguera e inmolarse ante los ojos no solamente de los mexicanos, sino también del escrutinio internacional.

Si sucediera algo de ese calibre, los ministros defenestrados pasarían la historia -para un grupo- como héroes, pero los verdaderos villanos de esta historia serían los propios morenistas con doña Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza de los verdugos de la democracia mexicana.

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Es un ejercicio de futurología que hice con abogados y jurisperitos.

De entrada, hay que partir de un hecho contundente: con la reforma, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siguiente año se quedan sin trabajo. Tienen garantizado que ya el siguiente año quedan desempleados.

Así que, bajo ese principio y ese precepto, cabría entonces la posibilidad de que tengan las agallas y los arrestos suficientes para entonces declarar la suspensión de la implementación de la reforma judicial ¿que pueden perder si de todos modos ya está perdido todo?

Si esto sucediese, entonces el Instituto Nacional Electoral no podría proceder a organizar las elecciones judiciales para el año entrante.

Si esto sucediera, de acuerdo a como hemos visto las posiciones en las que se han atrincherado los tres poderes, podríamos pensar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pudieran rechazar esta resolución y meterle presión al Instituto Nacional Electoral para que, a pesar del rechazo de la Suprema Corte de Justicia, comenzara con el proceso electoral.

Abiertamente estaríamos metidos en una crisis constitucional, y cabe preguntar el Instituto Nacional Electoral, ¿a cuál poder le va a hacer caso? ¿al Ejecutivo?, ¿al Legislativo? ¿o al Judicial para poder hacer legales o no las elecciones?

En este momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen más poder real que el Poder Judicial, porque cuentan con legitimidad social y controlan a las instituciones coercitivas del Estado.

Puede suceder porque hay deficiencias en la forma en la que fue aprobada y también por cuestiones de fondo, que por cierto, ayer el propio Ricardo Monreal reconoció que trae vicios de fondo y problemas de redacción.

Entonces los ministros que están en este momento en la Suprema Corte de Justicia tendrían que ordenar la permanencia del statu quo, lo que significaría que ordenara que los magistrados y por supuesto, los ministros, se quedasen en sus puestos.

¿Qué sucedería en ese caso?

El Ejecutivo, técnicamente, estaría facultado a enviar a la policía a removerlos de sus cargos.

Así como lo oye. Así como lo oye. Sí, la policía tendría que ir a arrestarlos a los magistrados y a los ministros, sobre todo a los ministros.

Ante un extremo de que el Poder Ejecutivo decidiera mandar a la policía para remover de sus cargos a los ministros, ¿estos qué tendrían que hacer? Los ministros, en un arranque de celo constitucionalista, podrían llegar al extremo de encadenarse a sus escritorios para evitar ser removidos por la policía.

Sólo de pensar en que se llegase a semejante extremo hace que uno tiemble de miedo. Una resistencia de los miembros del Poder Judicial de la Federación, además de ser un enfrentamiento muy radical, por supuesto que conlleva altos costos políticos, sobre todo en el ámbito internacional, contra la administración de Claudia Sheinbaum, que todo el tiempo ha dicho que ella cree en la democracia, pero en la realidad y en los hechos para nada que la está ejerciendo y mucho menos impulsándola.

Insisto, por supuesto que este es un escenario extremo, pero como se lo dije al principio, ¿qué tienen que perder los ministros si ya de todos modos este próximo año se quedan sin empleo si se queda tal como está la reforma al Poder Judicial? Tienen todos, todos los incentivos para para sacrificarse en una auténtica hoguera e inmolarse ante los ojos no solamente de los mexicanos, sino también del escrutinio internacional.

Si sucediera algo de ese calibre, los ministros defenestrados pasarían la historia -para un grupo- como héroes, pero los verdaderos villanos de esta historia serían los propios morenistas con doña Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza de los verdugos de la democracia mexicana.

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