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Monólogo de Alsina: "Ya ni se esfuerzan en disimular"

 
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Estrenando la semana en la que Santiago Abascal se hará la ilusión de que pronuncia su discurso de investidura como presidente del gobierno de España. Investido no va a ser. Como mucho se espera que consiga, en la moción de censura contra Sánchez, cincuenta y dos síes de los trescientos cincuenta diputados que tiene el Congreso. O sea, que sólo le quieren como presidente de gobierno los suyos. Cuando termine la semana Abascal seguirá siendo lo que es hoy: líder del tercer grupo parlamentario de la cámara. Que no es poca cosa.

VÍDEO del Monólogo de Carlos Alsina en Más de uno 19/10/2020 play

Si Abascal llegará alguna vez a habitar el Palacio de la Moncloa no lo sabe nadie. Sánchez aspira a seguir habitándolo él hasta el día del juicio final y Casado aspira a ser él quien lo habite el día que Sánchez salga, pero el futuro (como demuestra cada semana la política española) es siempre incierto. En las encuestas de intención de voto Vox sigue saliendo más o menos como está. Porque ni Sánchez se desploma, a pesar de que el país vive todas las crisis en una, ni Casado se dispara, a pesar de la epidemia, la recesión y los pactos del presidente con Podemos y el independentismo catalán.

La moción de censura no le va a dar a Vox el gobierno. Pero no es eso lo que está buscando Abascal. Está buscando altavoz. Para erigirse en profeta de la ira popular contra el sistema político en el que él lleva instalado desde que tiene uso de razón. No es un secreto que a quien quiere ganarle la moción no es a Sánchez sino al Partido Popular. Que, por cierto, aún no ha decidido qué votará. Esta frase que pronuncia Cayetana Álvarez de Toledo en el video que se ha grabado ella misma abogando por la abstención: los diputados aún no sabemos lo que vamos a votar.

Que un diputado no sepa lo que va a votar significa, en realidad, que aún no sabe lo que le van a decir que tiene que votar para que él (o ella) cumpla obedientemente la orden la comparta o no. Diputados a la espera de instrucciones. Sólo algunos se tomarán el trabajo, pese a ello, de pensar y de argumentar.

La devaluación del criterio propio de cada diputado en el Congreso ha ido de la mano de la devaluación del sentido que nuestras reglas del juego daban a los grupos parlamentarios. Si todo les llega hecho, el trabajo parlamentario es una pura representación. Fingir, o simular, que se debaten y se negocian los textos y las reformas que en realidad se han negociado y se han escrito fuera de la cámara. ¡Y los nombres! Votar los nombres que se les ha dicho que hay que votar.

Fíjense en el asunto éste de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En otros tiempos, los dos partidos principales al menos disimulaban un poco. Ahora, ni eso.

La norma lo que dice es que es el Parlamento ---no el gobierno, ni dos partidos políticos--- quien elige a los vocales del Consejo. Y que esa elección es fruto de una votación (y como mucho, una negociación previa) entre los grupos parlamentarios. Son los presidentes del Congreso y del Senado los que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca. A poco que haya seguido usted la actualidad de estos días sabrá que ni la presidenta del Congreso, Batet, ni la presidenta del Senado, de apellido Llop, han movido un dedo para cumplir con esa obligación.

Porque los dos grandes partidos llevan tantos años pervirtiendo el sentido de la norma, llevan tantos años pasteleando los sillones del Consejo, que han asumido como algo natural que son el presidente del gobierno y el líder del otro partido quienes hacen, mano a mano, la lista y le colocan la guinda del presidente del Supremo. (A los dos grandes partidos cabe añadir ahora Podemos, que lejos de impugnar esa forma de proceder lo que quiere es formar parte de ella).

Obsérven el inefable caso del presidente Sánchez. Exponiendo el viernes, sin que se le moviera un pelo, que es el gobierno el que aspira a negociar ---y cerrar--- con el PP el reparto de sillones.

‘Nosotros, como poder ejecutivo’, dice. ¿En qué artículo de la Constitución se dice que es el poder ejecutivo el que negocia la renovación del Consejo del Poder Judicial, presidente? Esta Constitución que tanto invocan los suyos y los otros, ¿qué papel le otorga al poder ejecutivo en este asunto? Ninguno.

¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia tenga que liderar negociación alguna? Llevan tanto tiempo haciendo así las cosas (entre tú y yo nos arreglamos y se lo damos hecho al Parlamento) que ya ni disimulan. Mire, para cambiar aceleradamente las reglas del juego saltándose al Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial bien que ha fingido el gobierno que la proposición de ley es de Lastra y Echenique. Pero para negociar sillones, como poder ejecutivo aquí tengo al ministro de Justicia. ¿Cómo dijo la señora

Lastra la semana pasada? Que elegir los vocales le corresponde el Parlamento.

Pues dígaselo a su jefe, señora portavoz. Y dígaselo al PP, que está en lo mismo. Porque también él negoció la renovación anterior como poder ejecutivo, o sea, poniendo al ministro a intercambiar cromos con su colega del partido socialista.

La norma que hoy está en vigor para renovar el Consejo es la que se aprobó en el año 85, gobernando Felipe, con los retoques que se introdujeron en 2013, gobernando Rajoy. Esto siempre ha sido cosa de dos. Cuando Rajoy hizo la suya alegó que había que evitar en todo lo posible el bloque en la renovación (quién nos ha visto y quién nos ve). Ahora Sánchez urge al PP a volver a la negociación y el PP responde presentando su propia reforma de las reglas del juego. Que viene a ser la que prometieron hacer en 2011 (programa electoral) y luego no hicieron.

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Si Abascal llegará alguna vez a habitar el Palacio de la Moncloa no lo sabe nadie. Sánchez aspira a seguir habitándolo él hasta el día del juicio final y Casado aspira a ser él quien lo habite el día que Sánchez salga, pero el futuro (como demuestra cada semana la política española) es siempre incierto. En las encuestas de intención de voto Vox sigue saliendo más o menos como está. Porque ni Sánchez se desploma, a pesar de que el país vive todas las crisis en una, ni Casado se dispara, a pesar de la epidemia, la recesión y los pactos del presidente con Podemos y el independentismo catalán.

La moción de censura no le va a dar a Vox el gobierno. Pero no es eso lo que está buscando Abascal. Está buscando altavoz. Para erigirse en profeta de la ira popular contra el sistema político en el que él lleva instalado desde que tiene uso de razón. No es un secreto que a quien quiere ganarle la moción no es a Sánchez sino al Partido Popular. Que, por cierto, aún no ha decidido qué votará. Esta frase que pronuncia Cayetana Álvarez de Toledo en el video que se ha grabado ella misma abogando por la abstención: los diputados aún no sabemos lo que vamos a votar.

Que un diputado no sepa lo que va a votar significa, en realidad, que aún no sabe lo que le van a decir que tiene que votar para que él (o ella) cumpla obedientemente la orden la comparta o no. Diputados a la espera de instrucciones. Sólo algunos se tomarán el trabajo, pese a ello, de pensar y de argumentar.

La devaluación del criterio propio de cada diputado en el Congreso ha ido de la mano de la devaluación del sentido que nuestras reglas del juego daban a los grupos parlamentarios. Si todo les llega hecho, el trabajo parlamentario es una pura representación. Fingir, o simular, que se debaten y se negocian los textos y las reformas que en realidad se han negociado y se han escrito fuera de la cámara. ¡Y los nombres! Votar los nombres que se les ha dicho que hay que votar.

Fíjense en el asunto éste de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En otros tiempos, los dos partidos principales al menos disimulaban un poco. Ahora, ni eso.

La norma lo que dice es que es el Parlamento ---no el gobierno, ni dos partidos políticos--- quien elige a los vocales del Consejo. Y que esa elección es fruto de una votación (y como mucho, una negociación previa) entre los grupos parlamentarios. Son los presidentes del Congreso y del Senado los que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca. A poco que haya seguido usted la actualidad de estos días sabrá que ni la presidenta del Congreso, Batet, ni la presidenta del Senado, de apellido Llop, han movido un dedo para cumplir con esa obligación.

Porque los dos grandes partidos llevan tantos años pervirtiendo el sentido de la norma, llevan tantos años pasteleando los sillones del Consejo, que han asumido como algo natural que son el presidente del gobierno y el líder del otro partido quienes hacen, mano a mano, la lista y le colocan la guinda del presidente del Supremo. (A los dos grandes partidos cabe añadir ahora Podemos, que lejos de impugnar esa forma de proceder lo que quiere es formar parte de ella).

Obsérven el inefable caso del presidente Sánchez. Exponiendo el viernes, sin que se le moviera un pelo, que es el gobierno el que aspira a negociar ---y cerrar--- con el PP el reparto de sillones.

‘Nosotros, como poder ejecutivo’, dice. ¿En qué artículo de la Constitución se dice que es el poder ejecutivo el que negocia la renovación del Consejo del Poder Judicial, presidente? Esta Constitución que tanto invocan los suyos y los otros, ¿qué papel le otorga al poder ejecutivo en este asunto? Ninguno.

¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia tenga que liderar negociación alguna? Llevan tanto tiempo haciendo así las cosas (entre tú y yo nos arreglamos y se lo damos hecho al Parlamento) que ya ni disimulan. Mire, para cambiar aceleradamente las reglas del juego saltándose al Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial bien que ha fingido el gobierno que la proposición de ley es de Lastra y Echenique. Pero para negociar sillones, como poder ejecutivo aquí tengo al ministro de Justicia. ¿Cómo dijo la señora

Lastra la semana pasada? Que elegir los vocales le corresponde el Parlamento.

Pues dígaselo a su jefe, señora portavoz. Y dígaselo al PP, que está en lo mismo. Porque también él negoció la renovación anterior como poder ejecutivo, o sea, poniendo al ministro a intercambiar cromos con su colega del partido socialista.

La norma que hoy está en vigor para renovar el Consejo es la que se aprobó en el año 85, gobernando Felipe, con los retoques que se introdujeron en 2013, gobernando Rajoy. Esto siempre ha sido cosa de dos. Cuando Rajoy hizo la suya alegó que había que evitar en todo lo posible el bloque en la renovación (quién nos ha visto y quién nos ve). Ahora Sánchez urge al PP a volver a la negociación y el PP responde presentando su propia reforma de las reglas del juego. Que viene a ser la que prometieron hacer en 2011 (programa electoral) y luego no hicieron.

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