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25-11: Analizamos el trámite en el plenario del Presupuesto Ordinario de la República para el 2021.

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Si algo suele reflejar con claridad el accionar convulso del Congreso, es el trámite en el plenario del Presupuesto Ordinario de la República. El del 2021 fue tramitado con una “mega moción” que recortó sin parámetros técnicos, 155 mil millones de colones de la propuesta que salió dictaminada (y dinamitada) de la comisión de asuntos hacendarios. En principio, que haya recortes al plan de gastos suena muy bien en estos tiempos de estrechez fiscal. El problema está en que -tal y como lo advirtieron los asesores técnicos y el director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, José Rafael Soto, la moción es inaplicable, lo que quiere decir, que para el primero de enero algunas entidades tendrían problemas para operar programas por la imposibilidad de ejecutar partidas y por tanto el Poder Ejecutivo deberá formular un presupuesto extraordinario que logre enderezar lo que quedó mal elaborado en este plan que debía ser aprobado este martes en primer debate, para darle el segundo el jueves, no porque el plazo se venciera ese día, sino porque los legisladores programaron sus vacaciones de fin de semana largo desde el viernes y hasta el martes próximo Día de la Abolición del Ejército, justamente cuando se inicia el nuevo período de sesiones en las que el Gobierno deberá plantear sus iniciativas para buscar ulteriormente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La mega moción fue ideada por la oposición para no avalar la propuesta de enmienda del Ministerio de Hacienda por 150 mil millones de colones (que sí contaba con sustento técnico contable) y darle así una “lección” a los diputados oficialistas y al mismo Ministerio de la Presidencia que pugnaron en su día contra los recortes. El asunto es que a falta de parámetros para su aplicabilidad terminará obligando a más inversión de recursos y energías del Ejecutivo (que deberá elaborar un extraordinario de emergencia) y del propio Legislativo que deberá iniciar el 2021 con muchas tareas emergentes, pero primero con la corrección de sus propias decisiones presupuestarias. El problema es que -como lo señala el economista José Luis Arce- “el presupuesto es un instrumento muy poderoso económica y políticamente, pero aquí lo manejamos como papel servilleta… Con ausencia de técnica, política de vendetta y sentido de tribu”. Entonces, si ello es así y nos están observando en cada paso ¿qué dirán las calificadoras de riesgo de nosotros y nuestra forja de acuerdos políticos? ¿Cómo arreglamos ahora el entuerto? ¿Y cómo convencemos a organismos financieros cómo el FMI que sí somos capaces de actuar con seriedad? ¿Si esto sucede con el presupuesto de la República, es posible pensar en autorizaciones legislativas para cambiar deuda cara por deuda menos onerosa? Con el titular de Hacienda Elián Villegas y la presidenta de Hacendarios la diputada Silvia Hernández lo analizamos en Hablando Claro.
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Si algo suele reflejar con claridad el accionar convulso del Congreso, es el trámite en el plenario del Presupuesto Ordinario de la República. El del 2021 fue tramitado con una “mega moción” que recortó sin parámetros técnicos, 155 mil millones de colones de la propuesta que salió dictaminada (y dinamitada) de la comisión de asuntos hacendarios. En principio, que haya recortes al plan de gastos suena muy bien en estos tiempos de estrechez fiscal. El problema está en que -tal y como lo advirtieron los asesores técnicos y el director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, José Rafael Soto, la moción es inaplicable, lo que quiere decir, que para el primero de enero algunas entidades tendrían problemas para operar programas por la imposibilidad de ejecutar partidas y por tanto el Poder Ejecutivo deberá formular un presupuesto extraordinario que logre enderezar lo que quedó mal elaborado en este plan que debía ser aprobado este martes en primer debate, para darle el segundo el jueves, no porque el plazo se venciera ese día, sino porque los legisladores programaron sus vacaciones de fin de semana largo desde el viernes y hasta el martes próximo Día de la Abolición del Ejército, justamente cuando se inicia el nuevo período de sesiones en las que el Gobierno deberá plantear sus iniciativas para buscar ulteriormente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La mega moción fue ideada por la oposición para no avalar la propuesta de enmienda del Ministerio de Hacienda por 150 mil millones de colones (que sí contaba con sustento técnico contable) y darle así una “lección” a los diputados oficialistas y al mismo Ministerio de la Presidencia que pugnaron en su día contra los recortes. El asunto es que a falta de parámetros para su aplicabilidad terminará obligando a más inversión de recursos y energías del Ejecutivo (que deberá elaborar un extraordinario de emergencia) y del propio Legislativo que deberá iniciar el 2021 con muchas tareas emergentes, pero primero con la corrección de sus propias decisiones presupuestarias. El problema es que -como lo señala el economista José Luis Arce- “el presupuesto es un instrumento muy poderoso económica y políticamente, pero aquí lo manejamos como papel servilleta… Con ausencia de técnica, política de vendetta y sentido de tribu”. Entonces, si ello es así y nos están observando en cada paso ¿qué dirán las calificadoras de riesgo de nosotros y nuestra forja de acuerdos políticos? ¿Cómo arreglamos ahora el entuerto? ¿Y cómo convencemos a organismos financieros cómo el FMI que sí somos capaces de actuar con seriedad? ¿Si esto sucede con el presupuesto de la República, es posible pensar en autorizaciones legislativas para cambiar deuda cara por deuda menos onerosa? Con el titular de Hacienda Elián Villegas y la presidenta de Hacendarios la diputada Silvia Hernández lo analizamos en Hablando Claro.
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