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Isapres: Una ley corta, un enfrentamiento duro y una larga discusión

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Lo que parecía una diferencia de opiniones con voluntad de llegar al diálogo se convirtió la semana pasada en un enfrentamiento explícito. El Gobierno y las Isapres intercambiaron duros términos a raíz de la presentación del proyecto de ley corta de Isapres presentado por el ejecutivo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que dio origen a toda esta historia, en noviembre pasado.
El tribunal ordenó a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso aplicados durante el período en que no cumplieron con ella; es decir, desde abril de 2020 hasta noviembre de 2022. El proyecto presentado por el gobierno implica la devolución de 1.400 millones de dólares de las isapres en un plazo que, según protestan las empresas, los dejaría sencillamente sin fondos para operar, por lo que se pondría al sistema derechamente en riesgo existencial. Además, el presidente de la Asociación de Isapres dijo que lo presentado por el gobierno en la práctica “no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.
El gobierno dijo que simplemente estaba presentando una fórmula para “facilitar las condiciones para el cumplimiento” del fallo judicial. Las isapres acusaron al gobierno de “insensibilidad” ante las consecuencias que esto tendría para los afiliados. Desde La Moneda calificaron la reacción de las Isapres como una “desfachatez” y recordaron que en todo esto las aseguradoras “no son las víctimas”.
Más allá del encendido tono de las declaraciones cruzadas, parece claro que en la discusión parlamentaria el proyecto presentado no tiene posibilidades de ser aprobado tal como está. La incertidumbre sobre el futuro del sistema y sus consecuencias sobre los afiliados se mantiene.
¿Por qué el gobierno optó por este camino? ¿Qué podemos esperar de lo que vendrá? Hoy conversamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso, de La Tercera.

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El tribunal ordenó a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso aplicados durante el período en que no cumplieron con ella; es decir, desde abril de 2020 hasta noviembre de 2022. El proyecto presentado por el gobierno implica la devolución de 1.400 millones de dólares de las isapres en un plazo que, según protestan las empresas, los dejaría sencillamente sin fondos para operar, por lo que se pondría al sistema derechamente en riesgo existencial. Además, el presidente de la Asociación de Isapres dijo que lo presentado por el gobierno en la práctica “no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.
El gobierno dijo que simplemente estaba presentando una fórmula para “facilitar las condiciones para el cumplimiento” del fallo judicial. Las isapres acusaron al gobierno de “insensibilidad” ante las consecuencias que esto tendría para los afiliados. Desde La Moneda calificaron la reacción de las Isapres como una “desfachatez” y recordaron que en todo esto las aseguradoras “no son las víctimas”.
Más allá del encendido tono de las declaraciones cruzadas, parece claro que en la discusión parlamentaria el proyecto presentado no tiene posibilidades de ser aprobado tal como está. La incertidumbre sobre el futuro del sistema y sus consecuencias sobre los afiliados se mantiene.
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