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Ep. 4 - Más allá del Plan Fiscal

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LEAD University cerró su ciclo de eventos académicos del cuatrimestre pasado con una edición más de su plataforma Speaker Series, enfocada en el tema de cómo impulsar la economía costarricense después de la aprobación del plan fiscal. En el evento participaron el Dr. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; Silvia Hernández, diputada de la Asamblea Legislativa; el Dr. Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia; y Cristina Sansonetti, abogada especialista en impuestos. El evento estuvo moderado por Eduardo Ulibarri, consultor y profesor de LEAD University.

Perspectivas económicas. Para el presidente del Banco Central el plan fiscal daría un rendimiento aproximado del 3.7% del PIB al año 2022. Alrededor de 1.3% de este rendimiento sería por ingresos (principalmente por la transformación del impuesto de ventas en el impuesto del valor agregado) y alrededor de 2.4% por la contención del gasto en remuneraciones del sector público y por aplicación de la regla fiscal. Según Cubero, ese rendimiento también puede generar efectos en el corto plazo pues permite ver una trayectoria de la deuda pública que empezará a descender en el año 2023, luego de venir ascendiendo exponencialmente; es decir, que la deuda y las finanzas públicas se vuelven sostenibles en el mediano plazo. Esto permite a los agentes económicos transitar con algún nivel de confianza los próximos años hasta el 2022, contrario a lo que hubiera sucedido si la reforma fiscal no se hubiera aprobado. Asimismo, la percepción de riesgo de los agentes internacionales se reduce. Tradicionalmente, se espera que una reforma fiscal traiga una desaceleración económica – efecto “Keynesiano” de la reforma – porque retira gasto de la economía. Sin embargo, en este caso se espera que la recuperación de la confianza en la economía por parte de los costarricenses y los agentes económicos sea mayor que ese efecto desacelerador.

El proceso de diálogo social. El ministro de la presidencia, Rodolfo Piza, manifestó que el proceso de diálogo social no es “una fotografía del momento”, en referencia a la aprobación de la reforma fiscal, sino un proceso que ocurre constantemente. Asimismo, mencionó que se hizo un proceso intenso de diálogo político con las distintas fracciones políticas, el sector privado, los sindicatos y la academia. Sin embargo, mencionó que la propuesta de los sindicatos de sacar de la corriente legislativa el proyecto de ley de la reforma fiscal no podía aceptarse porque, dialogar no es imponer, sino encontrar acuerdos. La democracia, de acuerdo con el ministro, no es un sistema para alcanzar consensos sino un sistema de equilibrio de mayorías con minorías, pero con un modelo de decisión de mayoría legislativa. El ministro insistió en que el proyecto de reforma fiscal es progresivo, no tanto como algunos sectores quisieran, pero sí más progresivo que el sistema previo. Asimismo, insistió en que la etapa que sigue es la de recuperación económica que requiere confianza, pero también recuperar la inversión pública en infraestructura, desregulación y apoyo al emprendedurismo, así como una reforma de la administración pública que incluye el empleo público. Insistió en que es importante dejar que las fracciones legislativas se apropien de su agenda y que ellos mismos la construyan: el gobierno no debe imponer la agenda.

La agenda legislativa futura. De acuerdo con la diputada del PLN Silvia Hernández, hay que empezar por reconocer que la reforma fiscal fue aprobada en un año, luego de un proceso de vía abreviada, lo que pone en contexto las limitaciones para llegar a acuerdos en el país. Recordó que el país tenía más de dos décadas discutiendo la posibilidad de una reforma fiscal. Insistió en que es necesario distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante: la reforma nos llevó a trabajar lo urgente, pero aún quedan tareas importantes pendientes. Mencionó que para el PLN es importante no solo discutir el tema de contención del gasto, como lo mencionó el ministro Piza, sino también el de disminución del gasto, para lo que el tema del empleo público es fundamental. Mencionó también la importancia de la inclusión de la regla fiscal en el proyecto de ley, pues pone un límite al crecimiento del gasto aún en tiempos de bonanza económica. Sin embargo, su aplicación podría estar sujeta a vaivenes políticos, lo que pone en riesgo sus efectos. Insistió en que su fracción está consciente de que no todas las reformas del Estado necesarias se van a realizar en esta administración. Asimismo, mencionó que el reto está en implementar la agenda económica, que debe incluir temas como infraestructura, energía y combatir la informalidad en el empleo.

Las innovaciones de la reforma fiscal. Para la abogada Cristina Sansonetti, la reforma recientemente aprobada moderniza el impuesto de renta y de ventas que datan del año 1988 y 1989, por lo que se habían quedado alejados de la realidad económica del país. El país migró a un impuesto del valor agregado (IVA) que amplía la base de aplicación a bienes y servicios. Es una norma relativamente moderna en el sentido que también incorpora mecanismos para que la administración tributaria pueda recaudar servicios ofrecidos a través de plataformas digitales. Advirtió que se establece una serie de tarifas especiales y distintas fechas de entradas de vigor que van a hacer compleja la administración del impuesto tanto para las autoridades tributarias como para los contribuyentes. Sin embargo, es un impuesto que permite una acreditación financiera de su pago más clara y transparente. Sobre el impuesto de renta se mantiene el criterio de territorialidad: no hay sistema de renta mundial. También se amplía la base para su pago, pero con algunas dudas sobre cuáles bienes están afectos a la actividad económica. Se requerirán, entonces, aclaraciones por vía de reglamento sobre algunos conceptos.

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Perspectivas económicas. Para el presidente del Banco Central el plan fiscal daría un rendimiento aproximado del 3.7% del PIB al año 2022. Alrededor de 1.3% de este rendimiento sería por ingresos (principalmente por la transformación del impuesto de ventas en el impuesto del valor agregado) y alrededor de 2.4% por la contención del gasto en remuneraciones del sector público y por aplicación de la regla fiscal. Según Cubero, ese rendimiento también puede generar efectos en el corto plazo pues permite ver una trayectoria de la deuda pública que empezará a descender en el año 2023, luego de venir ascendiendo exponencialmente; es decir, que la deuda y las finanzas públicas se vuelven sostenibles en el mediano plazo. Esto permite a los agentes económicos transitar con algún nivel de confianza los próximos años hasta el 2022, contrario a lo que hubiera sucedido si la reforma fiscal no se hubiera aprobado. Asimismo, la percepción de riesgo de los agentes internacionales se reduce. Tradicionalmente, se espera que una reforma fiscal traiga una desaceleración económica – efecto “Keynesiano” de la reforma – porque retira gasto de la economía. Sin embargo, en este caso se espera que la recuperación de la confianza en la economía por parte de los costarricenses y los agentes económicos sea mayor que ese efecto desacelerador.

El proceso de diálogo social. El ministro de la presidencia, Rodolfo Piza, manifestó que el proceso de diálogo social no es “una fotografía del momento”, en referencia a la aprobación de la reforma fiscal, sino un proceso que ocurre constantemente. Asimismo, mencionó que se hizo un proceso intenso de diálogo político con las distintas fracciones políticas, el sector privado, los sindicatos y la academia. Sin embargo, mencionó que la propuesta de los sindicatos de sacar de la corriente legislativa el proyecto de ley de la reforma fiscal no podía aceptarse porque, dialogar no es imponer, sino encontrar acuerdos. La democracia, de acuerdo con el ministro, no es un sistema para alcanzar consensos sino un sistema de equilibrio de mayorías con minorías, pero con un modelo de decisión de mayoría legislativa. El ministro insistió en que el proyecto de reforma fiscal es progresivo, no tanto como algunos sectores quisieran, pero sí más progresivo que el sistema previo. Asimismo, insistió en que la etapa que sigue es la de recuperación económica que requiere confianza, pero también recuperar la inversión pública en infraestructura, desregulación y apoyo al emprendedurismo, así como una reforma de la administración pública que incluye el empleo público. Insistió en que es importante dejar que las fracciones legislativas se apropien de su agenda y que ellos mismos la construyan: el gobierno no debe imponer la agenda.

La agenda legislativa futura. De acuerdo con la diputada del PLN Silvia Hernández, hay que empezar por reconocer que la reforma fiscal fue aprobada en un año, luego de un proceso de vía abreviada, lo que pone en contexto las limitaciones para llegar a acuerdos en el país. Recordó que el país tenía más de dos décadas discutiendo la posibilidad de una reforma fiscal. Insistió en que es necesario distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante: la reforma nos llevó a trabajar lo urgente, pero aún quedan tareas importantes pendientes. Mencionó que para el PLN es importante no solo discutir el tema de contención del gasto, como lo mencionó el ministro Piza, sino también el de disminución del gasto, para lo que el tema del empleo público es fundamental. Mencionó también la importancia de la inclusión de la regla fiscal en el proyecto de ley, pues pone un límite al crecimiento del gasto aún en tiempos de bonanza económica. Sin embargo, su aplicación podría estar sujeta a vaivenes políticos, lo que pone en riesgo sus efectos. Insistió en que su fracción está consciente de que no todas las reformas del Estado necesarias se van a realizar en esta administración. Asimismo, mencionó que el reto está en implementar la agenda económica, que debe incluir temas como infraestructura, energía y combatir la informalidad en el empleo.

Las innovaciones de la reforma fiscal. Para la abogada Cristina Sansonetti, la reforma recientemente aprobada moderniza el impuesto de renta y de ventas que datan del año 1988 y 1989, por lo que se habían quedado alejados de la realidad económica del país. El país migró a un impuesto del valor agregado (IVA) que amplía la base de aplicación a bienes y servicios. Es una norma relativamente moderna en el sentido que también incorpora mecanismos para que la administración tributaria pueda recaudar servicios ofrecidos a través de plataformas digitales. Advirtió que se establece una serie de tarifas especiales y distintas fechas de entradas de vigor que van a hacer compleja la administración del impuesto tanto para las autoridades tributarias como para los contribuyentes. Sin embargo, es un impuesto que permite una acreditación financiera de su pago más clara y transparente. Sobre el impuesto de renta se mantiene el criterio de territorialidad: no hay sistema de renta mundial. También se amplía la base para su pago, pero con algunas dudas sobre cuáles bienes están afectos a la actividad económica. Se requerirán, entonces, aclaraciones por vía de reglamento sobre algunos conceptos.

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